PLAN DE ACCIÓN – ACCIÓN 2.5.1. RECONOCIMIENTO BUENA GESTIÓN Y DE SANCIÓN SOCIAL.

La Contraloría de Cundinamarca, en cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia fiscal, a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos, bienes o recursos públicos, en el ámbito de su jurisdicción territorial; presentó, el Informe Anual, Situación de la Finanzas Públicas del Departamento de Cundinamarca, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, del mismo se extraen entre otras las siguientes conclusiones:

 

  • El resultado o balance fiscal, corresponde a la diferencia entre ingreso y gasto total. Si la diferencia es positiva se habla de superávit fiscal y si es negativa, de déficit fiscal. Este concepto mide el resultado financiero de las operaciones del sector público y permite tener una primera aproximación de su impacto sobre el resto de la economía (CGR, 2019). El sector central departamental (SCD), ha mostrado resultados presupuestales superavitarios durante las últimas cuatro vigencias, es decir que sus gastos no han superado el valor de los ingresos recaudados durante la vigencia. Al cierre del periodo fiscal 2016, el SCD reportó un superávit de $247.305 millones, al año siguiente 2017, el superávit se redujo a $151.745 millones, en 2018 llegó a los $177.196 millones, y finalmente, en la vigencia 2019, el resultado de superávit fiscal llegó a los $192.557 millones.

 

  • En lo referente a la deuda pública ha mostrado un incremento del 39%, pasando de $527.354 millones en 2016 a $733.125 millones en 2019. Esta última cifra representó el 26% de los ingresos totales en 2019.

 

  • Durante el periodo fiscal 2019, el departamento recibió desembolsos por $56.120 millones y realizó amortizaciones de deuda por $ 92.960 millones (interna y externa), en consecuencia, el endeudamiento neto resultó negativo por $36.840 millones, esto desde el punto vista presupuestal.

 

  • En cuanto a la Solvencia y la Sostenibilidad financiera, el departamento se ha mantenido en una Instancia de Endeudamiento Autónomo (Semáforo Verde), debido a que los indicadores han venido cumpliendo con lo siguiente:

El indicador de SOLVENCIA es menor al 40%

Solvencia = Intereses deuda / ahorro operacional

 

y el indicador de SOSTENIBILIDAD es menor a 80%

Sostenibilidad = Saldo deuda / ingresos corrientes

Lo anterior, le permitió al departamento finalizar la vigencia 2019 e iniciar la del 2020, con capacidad para contratar nuevos créditos autónomamente, es decir, sin requerir autorizaciones distintas de las dispuestas en las leyes vigentes.

  • Adicionalmente y de acuerdo a la ley 617 de 2000, los gastos de funcionamiento (GF), para departamentos de categoría especial, como Cundinamarca, no puede superar el 50% de sus ingresos corrientes de libre destinación (ICLD). Al término de la vigencia 2019, este indicador cerró en 35%, 15 puntos porcentuales por debajo del límite fijado por la ley. En el 2018, este mismo indicador cerró en 38%. Lo cual muestra, que, en 2019, hubo una reducción y optimización de los gastos de funcionamiento y un aumento de los ICLD (MHCP, 2019).

 

  • Al sector central departamental, están vinculadas ocho (8) instituciones como establecimientos públicos, que operan bajo este régimen jurídico, las cuales, ejecutan gran parte de los programas del gobierno central departamental; su función principal está dirigida a la inversión social y bienestar de la comunidad, razón por la cual, muestran una alta dependencia de las transferencias del gobierno departamental, para el cumplimiento de sus funciones. Al finalizar la vigencia 2019, estos ocho (8) establecimientos públicos (EP), totalizaron ingresos por valor de $893.081 millones, e incurrieron en gastos de $905.993 millones, superando los ingresos y generando un déficit fiscal de $12.912 millones. Los mayores déficits fueron generados por la Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca (UAEPC), por valor de $17.947 millones, seguido del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), que alcanzó un déficit de $7.519 millones.

 

  • Las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento, son organismos que desarrollan actividades de gestión económica, con capital independiente y constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes (Ley 489 de 1998, Artículo 85). Bajo este régimen jurídico operan nueve (9) empresas, asociadas al gobierno departamental. Durante la vigencia fiscal 2019, estas entidades, generaron ingresos por $1.293.715 millones ($1,29 billones) y gastos por valor de $1.123.158 millones ($1,12 billones), con un resultado o balance presupuestal superavitario de $170.557 millones.

 

  • Por último y de acuerdo al Decreto 58 de 2020, los gerentes de las ESE categorizadas en riesgo medio y alto deberán elaborar y presentar ante su respectiva junta directiva la propuesta de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) en coordinación con la Dirección Departamental. Una vez los PSFF sean aprobados por la junta directiva, deberán ser presentados ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para determinar su viabilidad.

 

 

Boletín No. 11. Bogotá D.C., 15 de junio de 2021. El próximo lunes 21 de junio, la Contraloría de Cundinamarca realizará su tercera audiencia pública de control social del presente año, dedicada a los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

Las comunidades de estas poblaciones tendrán la oportunidad de conocer la situación de sus administraciones en cuanto a los resultados de los procesos auditores realizados a los sujetos de control de esta provincia, el estado de los planes de mejoramiento suscritos por las entidades auditadas, la situación de obras inconclusas, la gestión fiscal ambiental y los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Entidad.

La audiencia, que se desarrollará a partir de las 9:00 de la mañana y será transmitida por Facebook-live (@ContralCundinam), tendrá un espacio de participación e interacción, en el cual el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, y su equipo directivo darán respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. 

Por lo anterior, este ente de control, extiende una invitación a veedores, miembros de juntas de acción comunal, comunidad educativa, servidores públicos, medios de comunicación y ciudadanía en general de la provincia Sabana Centro, a ser participe en esta tercera Audiencia Pública de Control Social exponiendo sus inquietudes sobre el control fiscal que desarrolla la entidad en esta región; así como la problemática relacionada con salud, obras públicas, educación, recreación, entre otros temas. 

De esta forma, la Contraloría de Cundinamarca continúa el diálogo directo con la ciudadanía haciendo uso de la virtualidad, garantizando la participación de los ciudadanos en la vigilancia de los recursos públicos y en el efectivo cumplimiento del control social, asegurando un control fiscal generador de valor y sostenibilidad para Cundinamarca.

Preguntas:

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Celulares 3124569795 - 3155891080

 

 

  

 

Boletín No. 9 Bogotá, 19 de mayo de 2021. Durante el transcurso del actual periodo, el ente de control ha aperturado más de 140 procesos sancionatorios contra responsables fiscales por aspectos que van desde la no rendición de la cuenta, la presentación de información con inconsistencias y el no acatamiento a los requerimientos del ente de control.  

81 de estos procesos, que se desarrollan bajo los parámetros del artículo 101 de la ley 42 de 1993, podrían representar multas por una cuantía total superior a 130 millones de pesos.

Así mismo, la Contraloría Departamental dio apertura a otros 60 procesos sancionatorios, a la luz del Decreto-Ley 403 de 2020, debido a que se investigan  situaciones posteriores a la promulgación de esta norma.   

Entre las entidades a las que se les inició proceso sancionatorio se encuentran las alcaldías de: Junín, El Rosal, San Juan de Rioseco, Zipacón, Girardot y Topaipí; los concejos municipales de Fusagasugá y Madrid; la personerías de Cáqueza y Ubalá, y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Facatativá.    

De ser hallados responsables, una vez agotado el debido proceso y en firme la decisión, los representantes legales de las entidades sancionadas enfrentarán imposición de multas hasta por sumas equivalentes a cinco salarios mensuales devengados en el momento de ocurrencia de los hechos investigados.

Frente a esta situación, el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, conminó a los gestores fiscales a acatar los requerimientos y los términos legales estipulados dentro de los procesos que tiene a su cargo la Contraloría de Cundinamarca en su función fiscalizadora, ya que la reiteración de los mismos puede acarrear hasta la solicitud de suspensión a sus cargos.

“No permitiremos que los funcionarios por negligencia (omisión) o por mala intención (dolo o culpa grave) no cumplan con su responsabilidad ante el ente de control”, expresó el contralor Sierra Cardozo; y les recordó que para un control fiscal efectivo y una gestión transparente de cara a la ciudadanía es fundamental contar con información fidedigna y oportuna.

 

 

 

 

 

Boletín No. 10. Bogotá 21 de mayo de 2021. Durante la visita realizada por los integrantes de la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca a este complejo deportivo capitalino, se pudo evidenciar el abandono que presentan las obras de reforzamiento y adecuaciones arquitectónicas de este espacio recreativo, y que a pesar de inversiones superiores 12.000 millones de pesos y haberse proyectado a 17 meses, hoy, tres años después, sólo se tenga un avance de 39%, aspecto por el cual no ha sido posible su reapertura. 

El contralor de Cundinamarca y presidente de la CRMBC, Edgard Sierra Cardozo, se comprometió a que desde el seno de la comisión se realizará, respetando las competencias legales de cada miembro, un seguimiento y vigilancia que permita, no solamente el resarcimiento de los dineros invertidos, sino asegurar la puesta en marcha de este espacio.  

Por su parte, el contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco, integrante de la Comisión, expresó que la Contraloría Distrital está finalizando el proceso auditor a este contrato y que se realiza el análisis que permita determinar si existe responsabilidad en materia fiscal, para iniciar el respectivo proceso.

El contralor Castro Franco, recalcó que el acompañamiento de la Comisión facilitará el intercambio de información entre las entidades de vigilancia y control que realiza cada organismo en sus competencias; y en especial, el seguimiento a las acciones para lograr la reapertura de la unidad Deportiva, espacio de gran importancia e ícono de la ciudad de actividades recreativas y de alto rendimiento deportivo; y así mismo, permitirá que el objetivo de ver nuevamente el escenario en plena actividad sea un propósito colectivo.

Estos retrasos afectan a alrededor de 250.000 deportistas de la capital y a 11 ligas deportivas que tenían sus sedes allí.  

La directora del Instituto Distrital de Recreación y Deportes y Recreación – IDRD -, Blanca Inés Durán Hernández, informó que la actual administración adelanta la etapa previa para contratar una consultoría para que realice la patología de la estructura, análisis de calidad y funcionalidad de las obras existentes; sin embargo, se proyecta que este proceso hasta la culminación de las obras puede tardar otros tres años.  

Además, la directora Durán Hernández dio a conocer que actualmente el instituto inició en octubre de 2020 un proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento, el cual se encuentra en etapa probatoria. 

Es de recordar que la CRMBC está integrada por las contralorías de Cundinamarca, Bogotá y Soacha; las procuradurías regionales de Cundinamarca y Bogotá, y las fiscalías seccionales distrital y departamental. Además actúan como invitados permanentes la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Auditoría General de la República, la Veeduría Distrital, las defensorías del Pueblo regionales Bogotá y Cundinamarca, la Personería Distrital y la Asociación de Personerías de Cundinamarca, APERCUNDI.

 

 

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