Bogotá, 28 de noviembre de 2017. Alarmada por la falta de atención a la población con discapacidad el organismo de control fiscal presentó el diagnóstico para identificar si las alcaldías contaban con la Política Pública Municipal de discapacidad aprobada mediante acuerdo municipal y si funcionaba o no la accesibilidad física en los despachos municipales para atender a la población con discapacidad física y/o movilidad reducida.

De esta forma, estableció un procedimiento en el que solicitó a los personeros mediante una encuesta sustentar un primer diagnostico en la vigencia 2016, lo que permitió precisar que 85 de 115 municipios no contaban con la Política Pública municipal de discapacidad y que 81 municipios no reunían las condiciones en cuanto lo exigido por la accesibilidad física en despachos para atender a la población con discapacidad física y/o movilidad reducida.

“La falta de inclusión dejó ver la desatención a esta población en sus necesidades básicas y los obstáculos que enfrentaban para no participar equitativamente en sociedad”, advirtió el contralor departamental, Ricardo López Arévalo.

Así las cosas, el jefe del ente de control fijó un seguimiento permanente para que se cumpla con esta normatividad como herramienta de planificación y focalización de recursos públicos en los municipios, de tal forma solicitó la actualización del Registro de Localización y Caracterización de las personas con discapacidad para que se asignen los recursos suficientes y garantizar que la infraestructura pública cumpla con el diseño universal y las normas técnicas de accesibilidad.

De acuerdo con el resultado de la gestión el más reciente reporte de la vigencia 2017,  determina que 63 municipios avanzaron en la implementación de la Política Pública municipal de discapacidad (47 municipios en formulación y 6 no habían iniciado formulación). Al tiempo que 31 municipios registran acuerdo municipal. En cuanto a la accesibilidad en los despachos de las alcaldías municipales en Cundinamarca, se estableció que a 2018, 63 son accesibles.

El liderazgo que ha tenido la contraloría departamental se señala como buena práctica como valor agregado en la gestión fiscal y mejoramiento de la calidad de vida de una parte de la población en Cundinamarca.

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Bogotá, 28 diciembre de 2018. Por primera vez, el organismo de control explicó en detalle que el proceso auditor vigencia 2017, dejó beneficios (cuantitativos y cualitativos) que constituyen un impacto real positivo derivado de este, reflejados en la recuperación, ahorro y mitigación del riesgo, que fortalecen la administración pública para cumpla con las funciones esenciales del estado con la debida inversión de los recursos públicos.

De esta manera se establecieron beneficios cuantitativos por cuantía de $163.256.712.941 para la vigencia 2017, representados en  los sectores de obras inconclusas, terminadas y puestas al servicio; en salud la estrategia USATÓN, lo que se compra se usa;  la actualización y conservación catastral; así como el proceso de responsabilidad fiscal y el proceso de cobro coactivo.

De igual manera, se  socializó el resultado en la gestión realizada durante la vigencia 2017 en las observaciones del contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, en cumplimiento del Plan Estratégico 2016-2019, en temáticas como: la recuperación de la cartera morosa de las E.S.Es; la implementación de Políticas Públicas, Población Vulnerable y Accesibilidad; Autoevaluación efectiva y evaluación independiente, transparente del Sistema de Control Interno; el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos de los sujetos de control; el proceso de capacitación y fortalecimiento del control social; el ejercicio del control fiscal a través del SIA-Contraloría y el Control fiscal Ambiental.

El trabajo en equipo en la contraloría de Cundinamarca garantizó la socialización de estos de resultados inicialmente,  ante los propios funcionarios de la entidad,  al generar  conciencia sobra la gestión que se cumple en beneficio de las comunidades en el departamento y del control territorial  y posteriormente, ante la Auditoria General de la República.

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Bogotá, 22 de octubre 2018.  Se destaca así, el acompañamiento que realizará la Superintendencia Nacional de Salud, a cargo de Fabio Aristizábal Ángel con temas de gran impacto para los cundinamarqueses, entre los que se destacan: el avance de la recuperación de la cartera morosa entre EPS e IPS, el sistema de habilitación, las redes de servicios y las obras inconclusas en las sedes hospitalarias.

De esta manera, el superintendente de salud participará en la próxima sesión en noviembre, de la Comisión Regional de Moralización, Bogotá- Cundinamarca en la que se verificará la gestión adelantada por la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaria de Salud departamental y la alcaldía de Zipaquirá, entre otras, encargadas de definir sin más dilaciones, la operación y el servicio del Hospital de Alta Complejidad de Zipaquirá.

Se compartió además, la decisión de analizar la situación de la EPS Convida y revisar en conjunto nuevo marcos normativos de iniciativas legislativas, entre otros, temas

El contralor departamental, Ricardo López Arévalo explicó ampliamente  los beneficios de control fiscal, cuantitativos y cualitativos que se han registrado en el sector salud.  En el encuentro también se hicieron presentes los gerentes de los hospitales de la Samaritana, Javier Fernando Mancera,  de Facatativa, Luis Alberto García Chávez y de Chía, Rosemberg Rincón, entre otros.

La contraloría de Cundinamarca fortalece así con la Superintendencia Nacional de Salud una alianza estratégica en procura del respeto al derecho a la salud en el departamento. Por su parte, el jefe del ente de control agradeció al doctor Aristizábal Ángel el espacio ofrecido para conocer de primera mano el panorama de la salud en Cundinamarca.

 

 

Bogotá, 13 de diciembre 2018. Zipaquirá, 27 de noviembre de 2018. El anuncio fue hecho por el gobernador de Cundinanamarca, Jorge Emilio Rey durante la tercera sesión descentralizada convocada por Comisión Regional de Moralización en las instalaciones del centro hospitalario, en la que participaron las autoridades de la red hospitalaria del departamento y los representantes de los organismos de control y vigilancia de Bogotá-Cundinamarca.

También se hizo pública la asignación de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, gerenciada por Javier Fernando Mancera como responsable del proceso de operación del nuevo hospital de Alta Complejidad que tendrá cobertura para el norte del departamento y se estima atienda a cerca de 500 mil usuarios.

Por su parte, el contralor de Cundinamarca y Presidente de la Comisión Regional de Moralización, Ricardo López Arévalo destacó la gestión articulada generada entre la alcaldía de Zipaquirá y la gobernación departamental para garantizar el servicio a la población cundinamarquesa del norte del departamento. “De esta manera se pone freno al macabro paseo de la muerte que han enfrentado algunos ciudadanos en Cundinamarca y se establece una atención cercana, especializada e inmediata”, puntualizó.

López Arévalo destacó la entrega de la obra pero insistió en que la Comisión de Moralización seguirá atenta al seguimiento del cronograma anunciado que busca la operación, que según anuncio es responsabilidad de la ESE Hospital Universitario de La Samaritana y puesta en servicio del Hospital de Alta Complejidad de Zipaquirá para que se brinde un servicio digno en salud.

El evento contó la presencia de los gerentes de los hospitales de la región norte del departamento que señalaron la importancia del funcionamiento de la red hospitalaria, una vez el hospital de Zipaquirá abra sus puertas. Así mismo asistieron, entre otros, los delegados de la Superintendencia Nacional de Salud.

 

 

Bogotá, 19 de octubre de 2018. Las torres y líneas de alta tensión que pretenden pasar por una zona de reserva forestal y que afectan a ocho municipios de Cundinamarca (Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sesquilé, Suesca, Subachoque, Tabio y  Zipaquirá);  el manejo de las escombreras y la audiencia verbal por presuntas irregularidades en la inversión, construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I, en Chía, son temas que concentran la atención de la Contraloría departamental.

Con este anuncio el contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, en desarrollo de la 16° Audiencia Pública de control Social en la Provincia Sabana Centro, y en calidad de presidente de la Comisión Regional de Moralización, Bogotá-Cundinamarca explicó que convocará a mesas de trabajo con las autoridades nacionales, departamentales y locales para evitar la fragmentación de la zona de reserva forestal de la cuenca alta del Río Bogotá, que reclama la comunidad en el caso de la instalación de torres y líneas de alta tensión que establece el proyecto Chivor II y Norte 230Kv, a cargo del Grupo Energía de Bogotá (GEB).

Así mismo, señaló que frente a la problemática que generan las escombreras con la cantidad de residuos sólidos que se abandonan en estos lugares, convocó a mesas de trabajo a las autoridades ambientales como la Corporación Autónoma Regional, CAR y los alcaldes de los municipios afectados, entre otros, para que  de  común acuerdo se estructuren proyectos viables que pongan freno a esta situación ilegal.

De otra parte, dio a conocer que actualmente se realizan  las audiencias verbales en el proceso fiscal que se adelanta por la inversión, construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR I, en Chía, para lo cual invitó a los habitantes del municipio a realizar el debido seguimiento a este caso, que al ser abordado en la Comisión Regional de Moralización, Bogotá- Cundinamarca se articularon los otros organismos de control como la Procuraduría General de la Nación que dio a conocer un pliego de cargos y la Fiscalía General realizó imputaciones contra el ex alcalde Guillermo Varela Romero y otros funcionarios de su administración.

En relación con los diferentes hallazgos en cuantía aproximada de $72 mil millones de pesos que reveló la Contraloría General de la Nación por la construcción de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual PTAR en el departamento,  solicitó al Contralor General Felipe Córdoba la necesidad de articular labores conjuntas que en ejercicio de las auditorias  articuladas se generen mejores resultados ante la afectación que denuncian continuamente los cundinamarqueses.

 

Conozca el desarrollo de la audiencia pública en: www.contraloriadecundinamarca.gov.co