Boletín 01 - Bogotá, 23 de enero de 2019. Al acompañar el acto de posesión del nuevo contralor departamental, el contralor encargado, José Alfonso Granados Santos realizó un balance de la gestión en el cual expresó que se cumplió el ciento por ciento de cada uno de los objetivos misionales y estrategias, contempladas en el Plan “Deja huella con la transparencia por la paz de Cundinamarca”.

Explicó que también se realizaron a cabo todas las auditorias programadas, tanto en nivel departamental  como municipal, a todos los sujetos de control  y en el tema de responsabilidad fiscal se adelantaron los procesos correspondientes.

Así mismo,  destacó los resultados de beneficios de control fiscal que se adelantaron en tiempo real y que no generaron un desgaste estimado en 20 años que contempla hoy en día el proceso auditor junto con el proceso de responsabilidad, la demanda ante el contencioso administrativo que dificulta el resarcimiento real al detrimento patrimonial, afectando el bienestar de las comunidades.

Granados, sostuvo que el beneficio de control fiscal permite que en dos o tres meses, se adelante la acción pertinente y se recupere ese recurso, “estamos hablando de un resultado $280 mil millones de pesos que equivale a cuatro veces el presupuesto de la contraloría de Cundinamarca, un resultado supremamente importante”.

“En cuanto los beneficios cualitativos se adelantaron más de 260 acciones, que permitieron el mejoramiento de la gestión institucional, contractual, presupuestal, financiera, de proyectos en cada una de las entidades vigiladas. Fue un tema exitoso”, precisó el contralor saliente.

Por lo anterior, la Auditoria de la República destacó la gestión de la contraloría departamental, como la mejor dentro de las 62 entidades del país, en la efectividad de la recuperación de los recursos públicos.

Además se mostró frente a la próxima entrada en vigencia de la Guía de Auditoria territorial que trabajaron en conjunto todas las contralorías territoriales bajo el liderazgo de la contraloría General de la República, que contempla nuevas metodologías que blindan el proceso auditor.

 

 

 

Boletín 44. Bogotá, 27 de diciembre de 2019.  Con la entrega de los respectivos cheques por parte de la oficina comercial de Tapei, por un valor $10 millones de pesos que serán distribuidos entre los 3 municipios se cumple con los reconocimientos en la convocatoria “Soy municipio incluyente”, estos recursos serán invertidos en ayudas técnicas y material terapéutico en beneficio de la población en condición de discapacidad.

La contraloría de Cundinamarca en su propósito de salvaguardar la debida inversión de los recursos para la población en condición de discapacidad en el departamento lideró con un detallado seguimiento el cumplimiento de la política pública de discapacidad. De esta manera, en compañía del Alto Consejero Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, Jairo Clopatosky, se destacaron los programas presentados por 35 alcaldes, en junio de 2019, que los hizo acreedores del sello de la inclusión.

En el mismo evento, se reconoció la gestión cumplida por los municipios de Carmen de Carupa, El Colegio y Sesquilé de categoría sexta, quienes además de esta donación habían recibido 12 sillas de ruedas para personas con discapacidad entregadas por el Departamento de Prosperidad Social para fortalecer el Banco de Ayudas técnicas.

Este seguimiento por parte del ente de control departamental garantizó que Cundinamarca sea uno de los primeros en el país en cumplir con la Política Pública de Discapacidad.

Alcaldes que recibieron el sello de inclusión de la Alta Consejería para la Discapacidad de la Presidencia de la República: (28 junio de 2019)

Gloria Marcela Gaitán Chiriví - Alcaldesa de Bojacá

Gildardo Melo Garnica - Alcalde de Villapinzón

Heber Augusto Lozano Pulgarín - Alcalde la Peña

Henry Oswaldo Martínez Moreno - Alcalde de Tena

Rubén Darío Acero García - Alcalde de Tabio

Carlos Andrés Prada Jiménez - Alcalde de Ricaurte

Juan Gabriel Gómez Campos - Alcalde de Tenjo

Sandra Lorena Pulido Gutiérrez - Alcaldesa de Pandi

Libardo Morales Cabezas - Alcalde de San Bernardo

Danilo Andrés Rocha Enciso - Alcalde de Nimaima

Héctor Jorge Cante Acosta - Alcalde de Viotá

Juan Carlos Martín Caviedes - Alcalde de Nilo

José Gregorio Espejo Jiménez - Alcalde San Juan de Rio Seco

Jaime Alexander Rodríguez Ballen - Alcalde de Tausa

William Darío Forero - Alcalde de Cogua

Luis Roberto González Peñalosa - Alcalde de Sibaté

Jorge Enrique Pinzón - Alcalde de Chocontá

Mercedes Rodríguez González - Alcalde de la Mesa

Ana María Mahecha Olarte - Alcaldesa de Vergara

Pablo Emilio Malo García - Alcalde de Facatativá

Wilmar Alexander Martínez Bareño - Alcalde de Tocaima

Walfrando Adolfo Forero Bejarano - Alcalde de Tocancipá

Rafael Mauricio Forero Briceño - Alcalde de Machetá

Germán Martínez Beltrán - Alcalde de Gachalá

Jorge Alberto Godoy Lozano - Alcalde de Arbeláez

Ana Lucia Escobar Vargas - Alcaldesa La Calera

José Joaquín Cubides Ariza – Alcalde de Gachancipá

 

Otros Reconocimientos:

OCTAVO LUGAR: Carlos Julio Moreno Gómez - Alcalde de Cota.

SÉPTIMO LUGAR: Eleazar González Casas - Alcalde de Soacha.

SEXTO LUGAR: Yair Rodríguez Espinosa - Alcalde de Anapoima.

QUINTO LUGAR: Nelson Uriel Robayo López - Alcalde de Sesquilé

CUARTO LUGAR: Oscar Mauricio Núñez Jiménez - Alcalde el Colegio.

TERCER LUGAR: Raúl Emilio CasallasRodríguez - Alcalde de Mosquera.

SEGUNDO LUGAR: Alejandro Ortiz Puentes - Alcalde Carmen de Carupa.

PRIMER LUGAR: Dr. Orlando Díaz Canasto - Alcalde de Cajicá

 

 

 

Boletín 42. Bogotá, 26 de diciembre de 2019. Los organismos de control y vigilancia de la capital (contraloría de Bogotá, Procuraduría General de la Nación y Personería de Bogotá) que hacen parte la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca se unieron por primera vez para revisar el funcionamiento y atención del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Desde agosto de 2018, un grupo de trabajo de especialistas (abogados, ingenieros de alimentos, nutricionistas y médicos adscritos a las entidades distritales, asumieron acciones conjuntas y coordinadas dirigidas a la inspección, vigilancia y control del PAE realizando visitas a las instituciones educativas y a los operadores logísticos.

39 instituciones educativas con 73.620 estudiantes, que corresponde aproximadamente al 10% de la cobertura de suministro, atendieron las inspecciones, en Bogotá, donde se registran 429 colegios con 780.052 estudiantes matriculados en el SIMAT para la vigencia 2018, según registro de la Secretaría de Educación, a los cuales se les entrega complementos alimentarios en la modalidad de servicio integral de desayunos y almuerzos escolares y/o refrigerios.

De esta manera se evidenció que de los 39 establecimientos educativos visitados; en 23 se suministra únicamente refrigerio; en 15 se entrega refrigerio y comida caliente y en una institución se distribuye solo comida caliente.

De igual forma, el informe identificó falencias de carácter técnico y en salubridad, entre las que se encuentran: no existe coherencia entre el número de estudiantes beneficiados en el SIMAT de la Secretaria de Educación y los registrados por los operadores logísticos y de los colegios, lo que genera que algunos niños se queden sin el refrigerio o se haga una entrega superior de raciones, generando gastos injustificados, afectando el uso eficiente y racional de los recursos públicos.

  • Los rectores y coordinadores no verifican ni registran las cantidades ni las condiciones de los alimentos.
  • No existe designación de un coordinador del programa lo que afecta el seguimiento de entrega de los complementos alimentarios a los estudiantes (logística, recepción, conteo, calidad, distribución y entrega de refrigerios).
  • Coordinadores ni estudiantes de apoyo para esta labor cuentan con formación en educación sanitaria, certificación médica y elementos de protección personal, que le permitan proteger los componentes del refrigerio, minimizar el deterioro y a su vez, evitar condiciones que afecten el daño de los mismos.
  • No se realiza un informe de seguimiento de peso y talla a los estudiantes beneficiarios del programa PAE para la vigencia 2018, que evidencie la contribución a medir el impacto de calidad de vida de los estudiantes.
  • No se entrega, en algunos casos, el gramaje establecidos por la norma

 Evidencias de carácter higiénico sanitario:

  • Algunos colegios visitados no cuentan con un lugar específico para almacenar temporalmente los refrigerios, que requieren un sitio donde se realice la recepción, conteo, distribución por curso mientras son entregados a los estudiantes.
  • No existe evidencia frecuente de la inspección, vigilancia y control en las instalaciones de los colegios por parte de la Secretaria Distrital de Salud.
  • Existen deficiencias locativas y equipos que no garantizan la calidad de los alimentos calientes y su distribución en otras sedes.
  • Algunos colegios no cuentan con concepto sanitario igual o menor a un año de vigencia.

Igualmente, el grupo de profesionales visitó 6 plantas de ensamble de refrigerios, vehículos transportadores de refrigerios y rutas de entrega en los colegios pertenecientes al programa de alimentación escolar PAE, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos higiénico sanitarios, locativos, de funcionamiento, transporte y manipulación de alimentos.

El documento presentado con las respectivas actas de seguimiento y material fotográfico destaca, además, que para el grupo de profesionales a cargo fue esencial el control social que realizaron los mismos estudiantes, la información aportada fue observada durante las inspecciones.

 

 

 

 

 

 

Boletín 43. Bogotá, 27 de diciembre de 2019.  En cuatro años de gestión la Comisión Regional de Moralización Bogotá-Cundinamarca presenta logros en la priorización de casos y temas de corrupción de impacto regional abordados de manera articulada con las autoridades competentes, por medio del intercambio de información y el estudio conjunto de los mismos.

Entre 2016-2019 se registraron sesiones de trabajo, audiencias públicas, visitas a los lugares, convocatoria y citación de funcionarios públicos para que ofrecieran explicaciones del estado y el avance de los procesos a cargo. También se estableció un diálogo directo con las comunidades y los representantes de veedurías.

El trabajo sobre tres líneas: prevención, investigación y sanción orientado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República estableció la promoción de sanciones penales, disciplinarias y fiscales, en correspondencia con los casos de corrupción abordados de manera conjunta. De igual manera, se conformaron grupos interdisciplinarios e interinstitucionales para avanzar en los procesos priorizados, se apoyó y dio celeridad en las investigaciones y sanción de los mismos.   

Los integrantes de la Comisión Regional de Moralización son: la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Primera Distrital); Contraloría General de la República, Contraloría de Bogotá, de Cundinamarca y de Soacha; Fiscalía General de la Nación (Fiscalía seccional de Cundinamarca) y como invitados permanentes la Veeduría Distrital y la Personería de Bogotá.

La Comisión Regional de Moralización de Bogotá- Cundinamarca tuvo durante cuatro años como presidente al contralor del departamento, Ricardo López Arévalo, pero una vez renunció al cargo los integrantes eligieron al contralor encargado José Alfonso Granados Santos.

 

ALIADOS

La comisión regional de moralización Bogotá-Cundinamarca contó con:

  • El acompañamiento y respaldo de entidades de orden nacional y territorial
  • Un destacado intercambio probatorio, respetando las competencias institucionales.
  • El funcionamiento de subcomisiones.
  • La activación en los territorios afectados de audiencias públicas, visitas, mesas de trabajo.
  • Atención a representantes de comunidades afectadas, citaciones a funcionarios para conocer de primera mano el estado de la gestión.
  • La asistencia a las sesiones mensuales convocadas para realizar el oportuno seguimiento a los casos asumidos.

 

CASOS ASUMIDOS

  • ACUEDUCTO LA MESA ANAPOIMA se reactivó su construcción después de 15 años, de evidenciarse pérdida de recursos y actos corrupción. Este proyecto beneficiará a cerca de 104 mil personas y se salvaguardaron $32. 686 millones.
  • ÚTICA. 8 años después de la avalancha de la Quebrada la Negra, no se había concretado la reubicación de los damnificados, ni la construcción de sus viviendas, la escuela y el centro de salud. En este tiempo se definió la creación de la gerencia para viabilizar estas obras con una inversión de $23 mil millones de pesos.
  • UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA se salvaguardaron más de $9 mil millones de pesos en un contrato de cuota Litis.
  • HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS DE SOACHA luego de liquidarse el contrato de 2014 por incumplimiento que no superó la etapa de estudios, la alcaldía local suscribió un convenio interadministrativo con Findeter para realizar en una primera fase los estudios, diseños técnicos, permisos y licencias para la construcción del nuevo Hospital de tercer nivel, que deberán estar listos en un plazo de 14 meses. Esta primera fase tendrá una inversión de más de $2.500 millones de pesos, se evitó la perdida de los $42 mil millones de pesos iniciales, a este valor se suman los rendimientos financieros cercanos a $5.500 millones de pesos y la multa de $4.800 millones de pesos.
  • HOSPITAL DE ZIPAQUIRÁ. 10 años después, en el segundo hospital más grande de Cundinamarca se concretó la terminación de las obras y la operación del servicio por la Samaritana, al entrar en servicio se beneficiarán 45 municipios del norte del departamento con servicios de 3 y 4° nivel, por una inversión de recursos por más de $70.000 millones, con el compromiso de la Nación, el departamento y el municipio.
  • COLECTORES DE SOACHA se logró concertación entre la CAR, las Empresas Publicas de Cundinamarca y el acueducto de Bogotá, para dar en funcionamiento la obra, beneficiando a la comunidad.
  • BARRIO EL TAO MUNICIPIO DE PACHO se realizaron visitas a campo y seguimiento constante del caso, se aperturó una acción preventiva y se apoyaron las decisiones judiciales frente al caso.
  • DELITOS INFORMÁTICOS se frenó el hurto recurrente de las cuentas oficiales de algunos municipios de Cundinamarca y se recuperaron cerca de $ 2 mil millones de pesos en un trabajo conjunto con la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General de la Nación.
  • RÍO BOGOTÁ Se coordinaron acciones constantes con las diferentes autoridades y entidades involucradas.
  •  PAE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Se consolidaron 2 informes de Cundinamarca y Bogotá que sirvieron de insumo para diferentes procesos (aperturas y sanciones), se establece la mejora del programa, así como cambio en la modalidad de contratación. Esta información será socializada una vez posesionadas las nuevas administraciones locales y departamentales.
  • PTAR CHÍA se adoptaron decisiones de fondo en materia penal, administrativa y fiscal, procurando por la recuperación de más de $19 mil millones y captura de los funcionarios municipales responsables.
  • POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDAD por primera vez en el departamento se lideró una estrategia conjunta de seguimiento que tuvo como resultado que EL 95% los municipios de Cundinamarca adoptaron la política pública de discapacidad y que LAS AUTORIDADES RESPONSABLES invirtieran debidamente los recursos dispuestos para ello.
  • MORGUES DE CUNDINAMARCA información presentada por la Fiscalía de Cundinamarca dio cuenta del incumplimiento de la norma que obliga a las alcaldías de departamento y a los hospitales a construir y adecuar salas especiales de morgue. Como medida, a través de 2 circulares se requirió la información, se recuerda la obligación y cumplimiento, esta temática será abordada en el proceso de empalme con las nuevas administraciones.

LOGROS

  • De esta manera se consolidó en 2016-2019 la ejecución del 100% de los compromisos adquiridos.

 

 

 

 

Boletín No. 41. Bogotá, 26 de diciembre, 2019. El documento que se convierte en la carta de navegación frente al futuro ambiental para las nuevas administraciones departamentales y municipales fue entregado a la Asamblea de Cundinamarca. En los primeros días de enero del 2020 se hará llegar a los nuevos alcaldes, así mismo a los concejos municipales con el propósito de que conozcan la situación en cada uno de sus municipios y de esta manera, puedan trabajar armónicamente con la administración central.

La contraloría hace un llamado para que las alcaldías cumplan con la gestión frente a la apropiación e inversión de recursos para la compra, mantenimiento y/o pago por servicios ambientales – PSA.  De los 115 sujetos de control, tan solo 51, el 44%, en el año 2018 apropiaron lo establecido, que ordena la destinación de un porcentaje no inferior al 1% del total de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica con el objeto de conservar los recursos hídricos o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas.

Este Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de Cundinamarca del año 2019, y el cual por mandato constitucional las contralorías deben presentar año a año, abordó 6 temas fundamentales en la protección del patrimonio ambiental departamental, así: 

  1. Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá, según lo establecido para los órganos de control en la oren 4.76.
  2. Estado del agua suministrada a la población del Departamento para consumo humano.
  3. Gestión de los Residuos Sólidos en el departamento de Cundinamarca.
  4. Estado de los Embalses en el Departamento.
  5. Cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
  6. Cumplimiento del CONPES 3451 de 2016 sobre la protección y recuperación de la Laguna de Fúquene.

En relación al saneamiento del río Bogotá, la Contraloría, a través de la ejecución de sus auditorías, analizó las acciones contractuales para la implementación y el cumplimiento de las ordenes de la Sentencia emanada del Consejo de estado sobre la descontaminación del Río Bogotá, proceso en el que se verificó las inversiones de los 45 municipios que hacen parte de la cuenca del río y que son sujetos de control, permitiendo establecer 119 hallazgos administrativos, 14 con presunta incidencia disciplinaria y 3 con presunta incidencia fiscal, por un valor de $ 752.575.674.

Respecto al panorama del sector de agua potable en el departamento de Cundinamarca, el estudio revela que el 91% de las fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de acueducto son de origen superficial, lo cual obliga a que las políticas de protección del recurso hídrico se deben enfocar en el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 e 1993, adquiriendo y manteniendo los predios de importancia estratégica que surten de agua los acueductos, con un un control constante sobre la disposición inadecuada de sustancias que afecten los criterios de calidad de las fuentes.     

Al abordar la temática de la prestación del servicio de aseo, se observó que la zona urbana está cubierta en un 98 por ciento, cifra de destacar; sin embargo, en las zonas rurales sólo el 37 por ciento gozan de esta prestación. Por ello enfatiza el informe que los prestadores del servicio de aseo deben desarrollar soluciones oportunas y eficientes para la disposición final de los residuos sólidos, implementando rutas de recolección selectiva, medidas que integren la prevención en la generación, reducción, reutilización, aprovechamiento en el sitio de origen, tratamiento para la reincorporación de los materiales a los procesos productivos y finalmente la disposición final.

A su vez se manifiesta que el mantenimiento y la construcción de nuevos embalses, deben ser planificados de tal forma que se controlen los impactos negativos en los sistemas ambiental, económico y social del área intervenida, implementando acciones encaminadas a prevenir, corregir, mitigar y compensar los efectos negativos y potencializar o fortalecer los positivos, involucrando la participación comunitaria en el proyecto.

Frente a la protección de las áreas de importancia estratégica, la Contraloría de Cundinamarca hace un llamado a las alcaldías del Departamento para que caractericen y cuantifiquen la demanda de agua en sus territorios, garantizando la calidad del recurso, así como la cobertura y continuidad en la prestación del servicio de acueducto, implementado actividades de manejo eficiente que impliquen consolidar y fortalecer la gobernabilidad y gestión integral del recurso hídrico.

Con la elaboración y publicación de este Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales, la Contraloría de Cundinamarca, en cumplimiento del deber constitucional que le asiste respecto a la vigilancia de la gestión fiscal del Estado, da otro paso en la evaluación de la gestión fiscal ambiental sobre sus sujetos de control, con el objeto de salvaguardar el patrimonio natural de los Cundinamarqueses.