Bogotá, 28 de enero de 2016. El Contralor del departamento, Ricardo López Arévalo requirió al actual rector de la Universidad de Cundinamarca para que adopte las medidas administrativas tendientes a evitar el pago de $ 6 mil millones de pesos, adicionales a lo ya pagado  al abogado César Augusto Moya Colmenares, por considerar que  podría existir un grave y presunto detrimento del patrimonio de la institución que supera los $15 mil millones de pesos.

Recursos que estaban  destinados según el fallo de la Acción Popular, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferido en mayo de 2011, a garantizar el servicio público de educación de una forma eficiente y oportuna  de más de 12 mil estudiantes de la Universidad del Departamento y no para el pago de honorarios de un particular.

El Contralor considera que a todas luces es desproporcionado el monto de los honorarios pactados y cancelados a la fecha por contrato que se suscribió en el 2005, por el entonces rector Miguel Adolfo Polo Solano y el abogado César Augusto Moya Colmenares.

“Como quiera que no es al arbitrio del ordenador del gasto que se fijen los porcentajes de recuperación sino que los mismos deben corresponder a un reconocimiento razonable, mesurado y proporcional a la gestión realizada y  más aún en este caso, en el que se brindó una asesoría jurídica para un cobro entre dos entidades públicas, de lo cual era evidente que no era una cartera de difícil cobro, sino que era un hecho de fácil recaudo y pago”, precisó el Contralor López Arévalo.

A criterio del Contralor, en los estudios previos de la Universidad para firmar este contrato se tenía que tener la certeza de las sumas que se iban a recaudar y con base en la misma se debió pactar un porcentaje mínimo que no generara el presunto detrimento para la Universidad de Cundinamarca  ni de los estudiantes del claustro.

Con ocasión el Contralor departamental ordenó una auditoría especial al contrato de esta asesoría jurídica externa cuyo objeto establecía realizar un cobro pre jurídico y judicial de los dineros adeudados por la Gobernación del departamento, cuyo valor reconocido en valores indexados a la fecha asciende a 140 mil 678 millones de pesos.

Por estos hechos, también solicitó a la Fiscalía General y a la Procuraduría Departamental investigar las posibles irregularidades  del contrato de prestación de servicios profesionales No 168 de 2005.

De los resultados de la auditoría se espera que si se dan los presupuestos de ley se adelante a través del procedimiento verbal el proceso de responsabilidad fiscal contra los funcionarios y particulares involucrados.