Boletín No 24. Bogotá, 13 de junio de 2017.  Con la participación de las autoridades locales y departamentales en la mesa de trabajo se plantearon los “cuellos de botella” que han demorado la reubicación de las víctimas del desbordamiento de la Quebrada Negra y el Río Negro, en el municipio de Útica el 18 de abril de 2011.

En esta oportunidad los integrantes de la Comisión de Moralización; su presidente y contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, el defensor del Pueblo, Julio Otero, el procurador regional, Juan Francisco Garavito, la procuradora provincial de Facatativá, Marta Toro y la representante de la Contraloría General de la República atendieron las explicaciones sobre las acciones que hasta la fechan se han desarrollado a nivel local y departamental.

Es así como el defensor del Pueblo, Julio Otero exhortó a las directivas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, a agilizar los trámites que permitan esclarecer la legalidad del terreno que fue seleccionado para la reubicación de las familias afectadas por el desastre natural. “no se puede esperar seis años más para garantizar los derechos fundamentales de estas personas, llamo a la celeridad y a la diligencia institucional”.

Por su parte la procuradora provincial de Facatativá, Marta Toro reclamó por las inconsistencias jurídicas y técnicas de los conceptos emitidos por el IGAC, que no han permitido aclarar si el terreno escogido es de carácter rural o urbano.

Entretanto el gerente del Fondo de Proyectos de Cundinamarca y encargado para la reubicación de los afectados del municipio de Útica, Nicolás Gómez explicó que en año y medio de esta administración departamental se han apropiado $17 mil millones de pesos.

A su vez, la nueva secretaria de educación departamental, María Ruth Hernández Martínez oriunda del municipio de Útica se comprometió a revisar la situación de los 700 estudiantes del Colegio Manuel Murillo Toro, que 6 años después de la tragedia natural no cuentan con las nuevas instalaciones que se prometieron y continúan recibiendo clase en aulas temporales bajo extremas condiciones climáticas. También revisará las falencias que denuncia la comunidad educativa sobre la calidad de la alimentación que se le presta a los menores y el reducido servicio sanitario con el que cuentan.

Así mismo, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Néstor Franco dio a conocer la intervención hidráulica que se hizo a la Quebrada Negra y el Rio Negro que permite mitigar el riesgo de una posible nueva avalancha, igualmente se comprometió a administrar el sistema de monitoreo y alertas tempranas que hoy tiene la alcaldía de Útica pero que por sus altos costos de mantenimiento no los puede asumir el municipio. También informó sobre el levantamiento de la medida cautelar impuesto por la CAR, lo que posibilita la continuidad del proyecto.

Al término de la mesa de trabajo, el contralor de Cundinamarca y presidente de la Comisión Regional de Moralización señaló la necesidad de convocar a las instancias nacionales para viabilizar la reubicación de las familias afectadas por la avalancha hace 6 años, tales como el Fondo Nacional de Adaptación, el Ministerio de Vivienda y Findeter.

El pasado 12 de mayo durante la audiencia pública en el municipio de Útica, la Comisión Regional de Moralización asumió el compromiso de hacer seguimiento a la concreción de la reubicación de las víctimas, que aún anhelan por una región próspera y en paz.