Boletín No. 40 - Bogotá, 20 de diciembre de 2017. La Contraloría de Cundinamarca estableció que Fernando Luna Chica en su calidad de Tesorero en 2008, no ingresó al presupuesto de la Empresa de Servicios Públicos de Girardot – SER REGIONALES, ni giró a la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN en agosto y septiembre del mismo año, los valores correspondientes a transferencias por concepto de sacrificio de ganado en cuantía de $30.709.253 pesos.

Aunque no se pudo contar con la versión de Luna Chica a pesar de las múltiples citaciones, le fue asignado un apoderado de oficio, con el fin de garantizar su derecho de defensa y así poder imputar la responsabilidad fiscal, ya que por el cargo que ostentaba debía velar por el cumplimiento oportuno de las obligaciones de SER REGIONALES, con el fin de evitar sanciones, multas y perjuicios económicos en general para la entidad.

Así mismo se precisa que “Como quiera que no cumplió con sus obligaciones legales en el cargo de Tesorero se establece una conducta omisiva, negligente y dolosa”, por lo que existe una relación directa y condicionante entre la conducta ilícita de Luna Chica, con el detrimento patrimonial, al comprobarse que no existieron razones de fuerza mayor o caso fortuito para que los citados valores no fueran transferidos a FEDEGAN.

La Empresa de Servicios Públicos de Girardot – SER REGIONALES tuvo que pagar los recaudos por sacrificio animal de los respectivos meses en 2008 a FEDEGÁN, más los intereses moratorios en cuantía de $30.709.253 pesos de sus rentas propias, gastando recursos de la entidad pública que bien pudieron ser invertidos en el cumplimiento de sus deberes y objetivos legales

Por lo anterior, el funcionario también fue denunciado por la propia empresa de Servicios Públicos de Girardot – SER REGIONALES por el delito de peculado por apropiación ante la Fiscalía General de la Nación.

Luna Chica deberá responder con embargos sobre sus bienes muebles e inmuebles, cuentas de ahorro o corrientes, DDT, CDATS y demás emolumentos que figuren a su nombre.

La Contraloría de Cundinamarca reportó estos hechos a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, en esta última para el registro de responsables fiscales en el boletín correspondiente.